Una de las lacras en el sector de la seguridad privada está constituida por  el intrusismo

profesional. Su aumento vertiginoso ha supuesto la pérdida de muchos puestos de trabajo de vigilantes de seguridad, pero  sobre todo el constante incumplimiento de la normativa por las empresas que realizan estas actividades pone  está poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana.

La desconsideración por parte de los actores sociales deja en mal lugar a los auténticos profesionales  ahora ninguneados por las instituciones, empresas privadas y hasta por la sociedad en general. Por parte de las administraciones públicas  debe decirse que no se ejecutan los protocolos sancionadores a estas empresas de servicios, a sabiendas de las infracciones legales existentes y de las graves consecuencias para la seguridad ciudadana que supone la implantación de servicios de seguridad por personas no habilitadas y sin experiencia.  Llegado el caso el ejemplo de lo sucedido en Madrid Arena sirve para dibujar esta situación de dejadez y de abandono institucional. No se efectúan los controles ni inspecciones suficientes por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para garantizar  la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De la misma manera tampoco se efectúa la salvaguarda del principio de legalidad implícito en la normativa de seguridad privada.
Según la ley de seguridad privada 5/2014 para ser vigilante de seguridad hay que tener una formación específica y superar unas pruebas en las dependencias de la policía nacional. A su vez hay que carecer de antecedentes penales. Cuando se contrata  un servicio de seguridad ilegal, intrusista, compuesto por un auxiliar de servicios, portero de discoteca, controlador o similar, no se exige carecer de antecedentes penales ni tener formación ni superar unas pruebas. Por ello dicho trabajador podría tener antecedentes penales sin que nadie lo detectase y todo ello mientras ejecutase su servicio de seguridad ilegal. Este hecho ocurre diariamente sin que nadie haga nada al respecto. Es un  agujero negro para el sector porque crea precariedad: por una parte, y jugando con la doble moral de los precios de contratación low cost,  destruye los puestos de trabajo de los vigilantes de seguridad habilitados por el ministerio del interior. Por otra pone en peligro a los ciudadanos que desconocen por completo esta situación.  La secretaría de estado de seguridad así como las subdelegaciones del gobierno en las provincias no tienen como prioridad la persecución de las empresas oscuras de servicios que prestan una protección deficiente a los clientes que las contratan.  Y eso no solo no nos deja en situación de riesgo a los españoles sino a la multitud de turistas extranjeros que visitan España y que se encuentran con este espectáculo absurdo e inimaginable en sus países. Dicho de otra forma esta es una de las imágenes que España exporta fuera, la de una seguridad oscura.
A la vista de la coyuntura actual, la asociación nacional “Marea Negra por la Seguridad Privada”, relacionada directamente con los problemas de los vigilantes de seguridad y de los profesionales del sector de la seguridad privada, está desarrollando un programa de denuncias  contra el intrusismo profesional que ya se está ejecutando. Y además no  solo está construyendo un protocolo propio de denuncias con la policía nacional, sino que está efectuando una campaña mediática contra el intrusismo profesional del sector de la seguridad privada.  Para ello sigue lo descrito en el Art. 57.1.a y Art.57.1.b de la ley de seguridad privada 5/2014, donde se califica como falta  MUY GRAVE el intrusismo profesional. Las sanciones aplicables, en la misma ley, según el Art.61 van de un valor de 30.001 á 600.000 euros.
Hasta ahora “Marea Negra por la Seguridad Privada” ha interpuesto, hasta el mes de diciembre, 113 denuncias. Estas reflejaron irregularidades que fueron inspeccionadas por la policía nacional y que obtuvieron, en algunos casos, la consecuente sanción. Puede decirse que “Marea Negra por la Seguridad Privada” ha generado a las empresas intrusistas, con las sanciones administrativas, unas pérdidas cifradas entre 240.000 y 4.800.000 euros.    Una cantidad nada desdeñable ante la insumisión de algunos sindicatos y de las mismas instituciones.  Esta asociación cree que la única manera de mejorar la precariedad del sector es la denuncia al intrusismo y apuesta por el incremento de estas denuncias.  Para ello ha dotado a su página web de un medio anónimo para efectuar las denuncias (marenanegra.net). Existe un campo en el que se puede denunciar, aportando datos de la empresa y del servicio, pero donde no se exige dato alguno al denunciante. A efectos legales sería la asociación quien denunciara en nombre propio. (poner enlace Javier, de denuncia).
Para un profesional habilitado no puede quedar en saco roto esta situación puesto que su futuro depende de ello. El intrusismo nunca ha sido tan peligroso como ahora. Por ello “Marea Negra por la Seguridad Privada” solicita el colaboracionismo del sector en general y la unidad a la hora de detectar y denunciar a dichas prácticas ilegales.  Es una circunstancia que se acerca demasiado a la  estabilidad de cada vigilante de seguridad y que exige de una actuación rápida y precisa.

 

La subida alarmante de las prácticas intrusistas en la seguridad privada por parte de empresas de servicios  está generando un agujero negro no solo en la legalidad vigente, donde está prohibido, sino en la moralidad del entramado de personas que gestionan y controlan el sector.