admin

"Cuando suceda alguna desgracia vendrán los lamentos", advierten los afectados

Myriam MANCISIDOR Cien días. Éste es el tiempo que llevan sin cobrar los 13 trabajadores vinculados a la empresa de vigilancia SEN (Seguridad Empresarial Navarra), adjudicataria de ese servicio en el Hospital San Agustín. Los empleados, en huelga indefinida, están pendientes de que otra sociedad asuma el servicio previa subrogación del personal. Su futuro laboral, aseguran, depende del Gobierno regional. Y hasta que no se resuelva el conflicto, tienen previsto seguir adelante con diferentes medidas de protesta. Hasta el momento, han recogido 2.500 firmas de apoyo, que prevén remitir al Principado.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto de una falta contra el orden público a un hombre acusado de agredir a un vigilante de Ferrocarriles de la Generalitat, al descartar que un guardia de seguridad tenga la condición de agente de la autoridad como un policía.

En su sentencia, a que ha tenido acceso Efe, la sección décima de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que el procesado presentó contra una sentencia de primera instancia que le condenó a 280 euros de multa por una falta de respeto a agentes de la autoridad -considerada una falta contra el orden público- y otra de lesiones.

El abogado del procesado, Teodoro Moriche, presentó recurso de apelación contra la Audiencia de Barcelona, que lo ha absuelto de una de esas dos faltas porque entiende que la víctima no es un agente de la autoridad, de forma que la agresión no puede ser considerada un atentado al orden público.

En su sentencia, la sala admite la "dificultad" de definir el concepto de autoridad, pero apunta que, de forma genérica, pueden entenderse así "a aquellas personas que, siendo en todo caso funcionarios públicos, tienen encargados actos ejecutivos de las disposiciones de la autoridad competente".

Para el tribunal, no existe duda de que tienen esa consideración tanto los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los integrantes de las policías de las distintas comunidades autónomas, así como de las policías locales.

La sección décima de la Audiencia se remite a una sentencia que la misma sala dictó en 2015 y proclama que los vigilantes "no son agentes de la autoridad en el ámbito subjetivo policial -función de policía-", por lo que carecen de entidad "para recibir la protección penal" que la ley otorga a los mossos d’esquadra, por mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía.

La sentencia reconoce que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece las competencias en materia de seguridad privada, entre ellas la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con los Mossos d’Esquadra y las policías locales.

Sin embargo, el tribunal cree que esa coordinación "no permite la equiparación a la policía autonómica" e insiste en que no se puede ampliar el concepto de agentes de autoridad, dado que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado.En ese sentido, el tribunal distingue entre el concepto de policía administrativa, "caracterizada por la utilización de técnicas de limitación de los derechos e intereses de los particulares", y la de policía gobernativa, en la que la única competencia la tiene el Estado sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas.

Informa "radiointereconomia.com"

La situación de caos en el Tarajal y los embotellamientos en el entorno fronterizo centran la reunión, presidida por Vivas y que se prolongó durante casi tres horas.

La situación en los polígonos del Tarajal y los colapsos de circulación en la avenida Martínez Catena, y tratar de resolver los problemas derivados del comercio transfronterizo  han centrado la reunión mantenida este jueves por la tarde en la Delegación del Gobierno por parte de los integrantes de la Junta Local de Seguridad, que han permanecido reunidos durante casi tres horas. Según ha explicado la Delegación en una nota de prensa,  la Junta Local, presidida por Juan Vivas, ha determinado “intensificar” las actuaciones en materia fiscal, laboral y urbanística “con el objetivo de combatir las prácticas  fraudulentas que, en gran medida, están detrás de los      problemas que a diario se generan en la zona” .

 Por otra parte, se analizarán todas las cuestiones jurídicas relacionadas con la necesidad de volver implantar sistemas de seguridad privada en los polígonos, “que  permitan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarse en las cuestiones relacionadas con la seguridad pública en todo el entorno”. 
Hasta hace un año y durante unos nueve meses, los polígonos dispusieron de al menos dos decenas de efectivos de seguridad privada de la empresa Seguriber, después de que el anterior delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, obligara a los empresarios de las naves a contratar seguridad privada para complementar las tareas que ejerce a diario los efectivos de la UIP. Problemas derivados del pago a la empresa y los cambios en la dirección de la asociación que representa a los empresarios dieron al traste con esta iniciativa, que llevó aparejada en paralelo la retirada de los denominados ‘plantos’ o marroquíes que ayudaban a la Policía Nacional y cuyo papel era muy cuestionado por los comerciantes.

Violencia de género 

La segunda de las cuestiones abordadas ha sido el protocolo de actuación en materia de violencia de género, iniciativa a la que se va a sumar la Ciudad Autónoma que tendrá acceso a la aplicación  VIOGEN. A tal efecto, en breves fechas, se firmará un protocolo de actuación que recoja la necesaria coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para atender mejor a las víctimas.

El tercero de los asuntos analizados ha sido el plan de seguridad de las Fiestas Navideñas que como en años anteriores se activará el día 18 de diciembre, prolongándose hasta el 8 de enero. En base al protocolo “Comercio Seguro” los agentes intensificarán  los controles en las zonas más comerciales de la ciudad y en el Puerto, lugares donde se producen generalmente aglomeraciones de personas como consecuencia de estos días festivos.

Por último el dispositivo de seguridad para las Elecciones Generales ha sido el último punto tratado en la reunión, a la que han asistido, además del presidente de la Ciudad, el delegado del Gobierno y el gabinete técnico,  el consejero de Presidencia y Gobernación y los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil,  Policía Local y los secretarios generales tanto de la Delegación del Gobierno y de la Ciudad Autónoma.


Informa "elfarodigital.es"

La arrestada, de 37 años, había arrancado el dispositivo de alarma a las prendas y se enfrentó a los agentes de seguridad

Una mujer de 37 años de edad ha sido detenida en Bilbao tras intentar robar ropa valorada en más de 1.000 euros en unos grandes almacenes y herir a una vigilante de seguridad que intentó impedir su huida. Según ha informado el departamento de Seguridad, a las tres y media de este pasado jueves, la Ertzaintza fue informada de que una mujer pretendía abandonar unos grandes almacenes de la capital vizcaína con prendas a las que previamente había arrancado el dispositivo de alarma.

La mujer se enfrentó a los vigilantes de seguridad y lesionó a una de ellas, que evitó su huida. Los agentes que se personaron en el lugar procedieron a la detención de la sospechosa. Según comprobaron, la ropa, valorada en más de 1.000 euros, se encontraba rota con el dispositivo de la alarma arrancado.


Informa "elcorreo.com"